SURda

 

Opinión

Antoni Doménich, G, Buster, Daniel Raventó

 

Tres meses después de las elecciones generales del 20-D, a poco más de un mes de la probable disolución de las Cortes el 2 de mayo y de nuevas elecciones el 26 de junio, diríase que los engranajes del sistema político nacido de la Segunda Restauración persisten en la encallada. El mecanismo básico del turnismo bipartidista está bloqueado, y la vida política parece abocada a una judicialización creciente.

A la insumisión de la Generalitat de Cataluña en el proceso de “desconexión” independentista, viene a sumarse ahora la rebeldía del gobierno en funciones presidido por Mariano Rajoy, que se niega estupefacientemente a dejarse controlar por el nuevo arco parlamentario salido del 20D. Un abierto desacato al art. 26.2 de la Ley del Gobierno [50/1997] (“Todos los actos y omisiones del gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales”) y una puesta en cuestión sin precedentes del carácter democrático de la Constitución de 1978. El presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, se ha sentido obligado a advertir por escrito al gobierno en funciones de Rajoy de que el pleno podría solicitar el amparo del Tribunal Constitucional, el cual, de acuerdo con el art. 73 de la Ley del TC, podría “declarar nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones”.  Resulta difícil imaginar una causa mayor de inestabilidad política que ésta, sin embargo provocada por quien viene defendiendo una Gran Coalición en nombre de la “estabilidad política”.

El asombro manifestado por los especialistas en derecho constitucional y los sectores de la abogacía del estado que han tenido que redactar los corresondientes informes sobre la actuación de los distintos ministerios ante la tesis defendida por la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, y los portavoces del Partido Popular es más que comprensible. La autoexención del control parlamentario por parte de un gobierno en funciones so pretexto de no responder sino a una mayoría ya extinta en el  Congreso de los Diputados no solo es abiertamente antidemocrática; es legalmente insostenible.

Existen antecedentes jurídicos, y no tan lejanos, de este debate. En particular, la sentencia del 2 de diciembre de 2005 del Pleno de la Sala 3ª del Tribunal Supremo (recurso ordinario 161/2004) . En un recurso sobre la denegación de indulto por el gobierno en funciones de José María Aznar, los 30 magistrados del pleno del TS debatieron doctrinalmente las potestades de los gobiernos en funciones en el actual régimen constitucional (art. 101 de la Constitución de 1978 y art. 21 de la Ley 50/1997 del gobierno). Merece la pena recoger la parte esencial de la sentencia:

"[…] gobernar para la Constitución, es dirigir el país a partir de las orientaciones definidas por el Presidentedel Gobierno (artículo 98.2 de la Constitución) con el apoyo de lamayoría parlamentaria formada democráticamente por los españoles" (F.J. 8º, párrafo  segundo).

"Pues bien, si esto es lo que debe hacer el Gobierno que se forma, es, al mismo tiempo, lo que no puede hacer el Gobierno en funciones porque el cese ha interrumpido la relación de confianza que le habilita para ejercer tal dirección y le ha convertido en un órgano cuya composición debe variar necesariamente en el curso de un proceso constitucionalmente regulado, de una duración necesariamente limitada en el tiempo, del que surgirá una nueva relación de confianza y un nuevo Gobierno. Así, pues, el Gobierno en funciones ha de continuar ejerciendo sus tareas sin introducir nuevas directrices políticas ni, desde luego, condicionar, comprometer o impedir las que deba trazar el que lo sustituya. El cese priva a este Gobierno de la capacidad de dirección de la política interior y exterior a través de cualquiera de los actos válidos a ese fin, de manera que será preciso examinar, caso por caso, cuando surja controversia al respecto, si el discutido tiene o no esa idoneidad en función de la decisión de que se trate, de sus consecuencias y de las circunstancias en que se deba tomar" (F. J. 8º).

Ese “ examen, caso por caso, cuando surja controversia ” corresponde, de acuerdo al art 26.2 de la Ley 50/1997, al Congreso de los Diputados. Pero en los votos minoritarios de la sentencia, en concreto en el conjunto de los magistrados Sieira, Lecumberri y Robles, se aborda el escenario hipotético de la Ley 50/1997:

"La Ley 50/97 tiene su razón de ser en que el Gobierno en funciones resulta incompatible con la idea de ausencia total de límites en el ejercicio de las funciones de gobierno, por cuanto esa ausencia es incompatible con el respeto a los principios esenciales de nuestro sistema democrático de naturaleza parlamentaria y esa es precisamente la razón que justifica la constitucionalidad de la Ley.

La Ley 50/97 a la hora de establecer esos limites optó por la judicialización sin duda por la insuficiencia de los controles parlamentarios, así se infiere de la exposición de motivos cuando habla de lealtad constitucional, sin duda pensando en que tras las elecciones hasta la constitución de las nuevas Cámaras solo funciona la Diputación Permanente y esta no tiene especificas funciones de control del Gobierno en funciones conforme al articulo 78 de la CE" (F. J. 3º).

Mas, habiéndose constituido las Cortes y entrado en funcionamiento el pleno del Congreso de los Diputados, como es el caso tras las elecciones del 20-D, parece evidente que el “ examen, caso por caso, cuando surja controversia” corresponde en primer lugar al Congreso de los Diputados a través de los mecanismos habituales de control parlamentario y solo en segundo lugar a la intervención del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

Así, pues, en resolución, la judicialización de la política buscada por el gobierno en funciones de Rajoy al sustraerse al control parlamentario es un bloqueo de los mecanismos democráticos más elementales que afecta en lo más vivo al ejercicio de la soberanía popular.

Un gobierno incontrolado

Conviene recordar los tres actos de gobierno que han hecho “surgir la controversia”. Los tres tienen carácter de acuerdo intergubernamental. La ratificación de las decisiones de los Consejos europeos del 18 y 19 de febrero sobre la negociación con el Reino Unido acerca de su futuro estatuto en la UE. La ratificación de lo resuelto el 17 y 18 de marzo relativo al acuerdo UE-Turquía sobre los refugiados. Y, en tercer lugar, la negativa del gobierno a la comparecencia del ministro de defensa en funciones, Morenés, a acudir a una sesión de control en la Comisión de Defensa del Congreso para dar cuenta de las decisiones adoptadas por la ministerial de la OTAN de 10-11 de febrero , entre otros temas sobre la Operación Atlanta de lucha contra la piratería y el despliegue de una flota de la OTAN en el Mar Egeo para “luchar contra los flujos migratorios”.

En los dos primeros casos, el gobierno en funciones, consciente de la debilidad de sus argumentos, intentó construir un procedimiento “informal” de apoyo a las ratificaciones que ya había adoptado antes. Tan “informal”, que no se produjo un voto explícito en la Comisión de Exteriores, en donde el ministro de exteriores en funciones, Margallo, explicó el apoyo que había otorgado Rajoy a una interpretación limitativa de los propios objetivos de la construcción europea en el Tratado de Lisboa propuesta por la Comisión Europea. El gobierno en funciones se limitó a tomar nota de la aquiescencia, más o menos crítica, de las posiciones de los portavoces del PP, PSOE y Ciudadanos, y de la oposición de Podemos e IU.

En el segundo caso, tras la advertencia de la abogacía del estado, el gobierno en funciones de Rajoy se vio obligado a modificar su posición inicial y a comprometerse a actuar de acuerdo con una declaración aprobada unánimemente en la Comisión Mixta-UE , de manera que el acuerdo con Turquía sobre refugiados debería respetar la legalidad internacional. Rajoy ratificó las conclusiones del Consejo y el Comunicado conjunto UE-Turquía alegando que se atenía a la declaración de la Comisión Mixta UE. Así lo ha comunicado por carta al Congreso. Pero a la vista del contenido del acuerdo, es evidente que acabará también ante los tribunales .

En el tercer caso, el gobierno en funciones considera que las decisiones de la OTAN ratificadas son “asuntos ordinarios”, y que no cabe “controversia” a pesar de la posición expresa de la mesa del Congreso al convocar a Morenés, que no acudió. Será este tercer caso el que muy probablemente provoque el recurso del Congreso ante el Tribunal Constitucional .

Las causas de la inestabilidad

Hemos venido insistiendo desde estas páginas en los peligros que trae consiglo el proceso de erosión de la soberanía popular a través de un traspaso incontrolado de competencias a la UE, así como de la interpretación presidencialista del régimen parlamentario constitucional del 78. Son tal vez ahora los síntomas más agudos de la crisis de la segunda restauración borbónica, junto con el continuum escándalos de corrupción ante los tribunales, que parece no tener fin (Urdangarín, Barberá, Besteiro…).

Y ese es el caldo de cultivo que propicia la justificación de los llamados “gobiernos técnicos” o la “Gran Coalición” , es decir, de gobiernos dispuestos a llevar a cabo las procíclicas políticas de austeridad dictadas por la Troika, cuya legitimidad parlamentaria en los estados-miembros de la UE se va reduciendo a golpe de elección. Pero cuando no hay alternativas serias y creíbles por la izquierda, lo que produce es el fortalecimiento de las derechas populistas xenófobas y autoritarias , como en Hungría, Polonia, Croacia, Suecia, Francia y ahora Alemania.

El reciente 42º congreso de UGT y el Consejo Confederal de CCOO han señalado sin ambigüedades su oposición a uno de los elementos centrales de ese programa de contrarreformas procíclicas impulsado por la Troika: una nueva reforma laboral. Su exigencia de derogación de las reformas laborales de Rajoy y Zapatero chocan directamente y suponen una crítica bastante explícita del acuerdo de gobierno PSOE-Ciudadanos. La negociación colectiva es precisamente lo que quiere debilitar la Comisión europea. La reforma que aplicó en el Reino de España Rajoy es ahora la que quieren imponer en Francia Hollande y Valls a través de la Ley El Khomri, frente a la oposición de toda la izquierda, incluidos sectores del PS.

Por eso es fundamental en estos meses que quedan antes de las más que probables nuevas elecciones no perder de vista el marco europeo de la crisis y las exigencias de instituciones de la UE. La nueva política de tasas de interés negativas del BCE y el debate abierto sobre el “helicóptero monetario” son el anuncio institucional de la nueva recesión que se avecina, de la mano de una espiral deflacionaria a la que no son precisamnente ajenas las políticas pro-cíclicas de austeridad y consolidación fiscal. El efecto de esas exigencias sobre la economía española puede ser devastador. Valgan tres ejemplos:

* Abengoa : la propuesta de reestructuración y rescate de la compañía, después de la remodelación de su consejo, implica una quita del 70% de su deuda a cambio del 35 de las acciones de la empresa. La deuda se reduciría de 9.300 millones a 4.900 millones de euros y una emisión de deuda garantizada a 5 años de 1.800 millones de euros. Aún falta el acuerdo del 60% de los acreedores y la fecha límite para la declaración de bancarrota es el 28 de marzo. Las consecuencias de la bancarrota de una de las principales empresas de ingeniería españolas, especialmente para Andalucía, son difíciles de exagerar.

* Los test de resistencia, las tasas negativas y la gran banca española : tras el coste del rescate de Bankia en 2012, la gran banca española se enfrenta a una caída importante de beneficios , tanto como consecuencia de la política de tasas negativas del BCE como de las crisis de Brasil (donde se originan el 20% de las ganancias del Santander), y México (donde el BBVA obtiene el 40% de los suyos). Los resultados de los test de resistencia, que se harán públicos en el tercer trimestre de 2016 pueden volver a plantear problemas de recapitalización importantes: los bancos españoles son los segundos en la UE, después de Italia, en créditos morosos (más del 6%).

* La crisis financiera de las autonomías, en especial Cataluña y Valencia: El 30 de junio, el todavía gobierno en funciones tendrá que presentar su programa de estabilidad 2016 a la Comisión europea. Tras la aprobación de los presupuestos de 2016 del PP, 2015 terminó con un aumento del déficit de las comunidades autónomas del 1,3% frente al objetivo del 0,7%. Frente al compromiso del gobierno del PP de un déficit para 2016 del 2,7%, la Comisión prevé que sea del 3,6%. De ahí su exigencia de un recorte de 11.000 millones de euros en el presupuesto aprobado, que se acumularía en el segundo semestre del año, planteando un grave problema de legalidad en el contexto de las competencias del “gobierno en funciones” discutidas al comienzo, que exigiría un apoyo parlamentario mayoritario. Mientras tanto, la deuda de la Generalitat de Catalunya alcanza los 72.000 millones de euros (35% de su PIB) y, al depender para su financiación del Fondo de Liquidez Autonómica, el 95% de sus ingresos están bajo el control del Ministerio de Hacienda. El acuerdo provisional entre Junqueras y Montoro es un ejemplo de la gravedad de la crisis que se avecina en la financiación autonómica.

Postureo, negociaciones aplazadas, crisis de Podemos

"Lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra para que haya un gobierno, en vez de tapar los fracasos de unos y de otros en sus negociaciones y en su debate de investidura con una actividad extraordinaria del Parlamento que no se ha producido nunca en años de democracia". Esta fue la respuesta del secretario de estado de relaciones con las Cortes en funciones, Luis Ayllón, al Presidente del Congreso de los Diputados al exigir el control parlamentario del gobierno en funciones.

Después de la negativa de Rajoy a aceptar ser el candidato a la presidencia, el fracaso de Pedro Sánchez en la sesión de investidura (sobre la base del acuerdo de gobierno PSOE-Ciudadanos) y el bloqueo por las “líneas rojas” del Comité Federal del PSOE a un gobierno de izquierdas con Podemos e IU, ese “manos a la obra” se ha convertido en el inicio de la precampaña electoral para nuevas elecciones el 26 de junio. El primer debate de la pre-campaña es sobre qué fuerza es responsable de la falta de gobierno. No otro es el objetivo de las urgentes negociaciones, aplazadas hasta después de las celebraciones de Semana Santa, si se descuenta la visita esperpéntica de Pedro Sánchez a Tsipras (que, puestos a hacerse una foto, hubiera resultado mejor, políticamente, una en Lesbos con Angelina Jolie).

Mientras tanto, ¿que nos dicen las encuestas? La avalancha de estudios de opinión ha tenido durante estos tres meses el objetivo claro de influir en las negociaciones de gobierno. En muy poco tiempo han pasado de recoger una preferencia por una coalición de izquierdas a distintas fórmulas de acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos. Su mensaje, sobre todo el de Metroscopia de marzo , es que el electorado premia los esfuerzos de Ciudadanos por su pacto con el PSOE y en cambio castiga a Podemos, aunque sea mediante un trasvase de votos a UP-IU (que no parece más dispuesta que Podemos a abstenerse para permitir un gobierno del PSOE apoyado por Ciudadanos). En este sentido es bienvenido el escepticismo de Salvador Jiménez (“El cachondeo de las encuestas” ), apuntando que el dato esencial es la abstención y, por lo tanto, la capacidad de movilización y fidelidad de voto en la convocatoria del próximo 26 de junio.

La reciente crisis de Podemos, en cualquier caso, pasará factura. Por mucho que se intente justificar en términos tácticos y estratégicos a toro pasado, durante los 15 días en que se ha desarrollado ha sido demasiado evidente el choque de aparatitos inopinadamente encastillados. Las tensiones previas en las organizaciones territoriales donde Podemos está coaligado con otros sectores de la izquierda ha adquirido otras dimensiones cuando ha afectado a la organización de Madrid. Pero el bloqueo de los órganos de dirección con dimisiones en bloque no parece el mejor método para que funcionen, sobre todo cuando lo que se alega es la falta de funcionamiento.

Evidentemente, el problema –ya reconocido- es el modelo organizativo que se impuso en el Congreso fundacional. Que respondía a una hipótesis de choque electoral estratégico (“asaltar los cielos”) que aplazaba para después la estructuración organizativa democrática. El consenso existente, la premura de la campaña electoral, justificaban un funcionamiento vertical mientras que el núcleo dirigente o “irradiante” fuera la encarnación misma de ese consenso. Pero las circunstancias políticas tras las elecciones del 20-D obligan a un replanteamiento de las hipótesis tácticas y estratégicas en que se basaba ese consenso y, por lo tanto, exigen una política organizativa capaz de articular democráticamente el debate y que haga posible la unidad de acción. Pero ello solo será posible tras las nuevas elecciones.

En el interludio, solo caben soluciones provisionales como las adoptadas que, sea o no genuino, sugieren un mensaje de apertura y gestión del debate entre todos los sectores de Podemos, condición necesaria para las alianzas y coaliciones en Cataluña, Galicia o Valencia. Otra cosa es la forma en que se ha gestionado la crisis, que ha puesto de manifiesto los peligros implícitos en los estatutos actuales de la organización en torno a los poderes de la secretaria general. Las relaciones personales, bobarronamente ñoñas o genuinamente fraternales, dentro del grupo dirigente no pueden sustituir al funcionamiento democrático, al debate entre iguales, con tendencias y corrientes, en el conjunto de la organización. Esa es una vieja lección del movimiento obrero socialista que conviene no olvidar.

Fuente: http://www.sinpermiso.info/